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Luego de más de dos años y medio de gestión del presidente Javier Milei, de no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y de sostener una política de desfinanciamiento a la universidad pública, de cuatro marchas federales y varias medidas de protesta de la comunidad universitaria, finalmente el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), los gremios docentes, nodocentes y estudiantiles arribaron a un acuerdo con el Gobierno nacional.
El acta acuerdo contempla un aumento salarial para el personal docente y no docente, incrementos en los fondos para gastos de funcionamiento y un refuerzo de 50.000 millones de pesos destinados a las universidades que poseen hospitales. Además, se prevé un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, aunque no se incluyen mejoras para la beca Progresar.
Cabe mencionar también que el reclamo judicial para que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario sigue en pie, es decir que las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la norma votada favorablemente y ratificada dos veces en el Congreso que continúa sin aplicarse.
El punto central del entendimiento es la actualización salarial para docentes y no docentes. En junio se aplicará un 21,33% y en octubre un 3,3%, lo que totaliza 24,33%. Por otra parte, el aumento impactará en el cobro del SAC, más conocido como medio aguinaldo.
Si bien como lo han expresado algunos sectores intervinientes en la negociación (como los gremios, por ejemplo) el porcentaje acordado no alcanza en medio de la gravísima situación económica, el convenio ofrece un alivio parcial tras meses de conflicto y debate sobre el financiamiento universitario.
Es por eso que aún permanecen demandas estructurales pendientes para el sector académico; los salarios quedaron muy por detrás de la inflación desde el inicio del conflicto. Esto generó que unos 10.000 docentes dejaran de dar clases por los bajos ingresos en todo el país.
