Una multitud marchó en San Juan para que el Gobierno nacional cumpla con la ley de Financiamiento Universitario

Este martes por la tarde la comunidad universitaria de San Juan se movilizó por las calles del microcentro de la ciudad para realizar la 4° Marcha Federal Universitaria, con el objetivo de exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la ley de Financiamiento Universitario votada dos veces por el Congreso nacional. 

La multitudinaria movilización tuvo la presencia del rector de la UNSJ, magíster ingeniero Tadeo Berenguer, de las decanas y decanos de las distintas unidades académicas, entre quienes se encontraba la decana de la FFHA, magíster Myriam Arrabal. 

La marcha, que fue convocada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), por los gremios ADICUS, SIDUNSJ, APUNSJ y UDA, junto a la Federación Universitaria de San Juan, reunió también a sectores de la cultura, del movimiento obrero, de los movimientos sociales y de la sociedad sanjuanina que acompañó el reclamo. 

Al llegar a la esquina del Rectorado, las columnas de manifestantes que habían partido de las puertas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, escucharon el documento que leyó con gran emoción y contundencia la alumna Malvina Agüero, del Colegio Central Universitario. 

“Señor presidente, cumpla la ley. Nuestro reclamo es claro: la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso de la Nación y debe respetarse. Hoy marchamos para que se recompongan los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y el presupuesto de funcionamiento”, dijo la joven.

“La universidad es parte de nuestra historia, bandera en nuestro país y orgullo mundial. Las universidades públicas no pueden rifarse, negociarse, hipotecarse porque es nuestro futuro y el del país el que se rifa, se negocia, se hipoteca”, sostuvo. Luego, para terminar el acto, la Orquesta Sinfónica de la FFHA y el Coro Universitario de la FFHA, interpretaron el Himno Nacional argentino.

Cabe recordar que la ley 27.795 fue aprobada, ratificada y promulgada tras el veto presidencial, aunque luego el Gobierno nacional suspendió su aplicación alegando falta de recursos y apeló ante la Corte Suprema para evitar su cumplimiento, habiendo registrado las universidades una caída significativa en sus transferencias.